Educación

Profesores asfixiados por falta de salarios en el sur de Córdoba

Antes de que el coronavirus llegara al país, en el Sur de Córdoba las aulas ya estaban vacías. 8.700 estudiantes no han vuelto al colegio este año y más de 300 profesores no reciben su pago desde hace meses. La pandemia, además de significar una problemática de salud, evidencia la crisis laboral y educativa de una zona que ha sido atacada por la desigualdad y la violencia.

El año pasado, la Gobernación de Córdoba contrató a 351 profesores del sur del departamento, una región que comprende los municipios de Puerto Libertador, Montelíbano, Valencia, Tierralta y San José de Ure. El proceso se hizo a través de un tercero, la Iglesia Cristiana Jehová Edifica. El contrato de los ‘profes’ finalizó el pasado 13 de diciembre y hoy, casi cinco meses después, siguen sin salario y sin liquidación. A pesar de la deuda y las necesidades económicas que ha recrudecido la emergencia sanitaria, no les han dado razón a los docentes y a sus familias.

“No llega el dinero. Los trabajos se hacen a medias y las peticiones que hace la comunidad no se cumplen”, dice un docente de Tierralta que dicta clases de primaria y, por razones de seguridad y por miedo a perder su trabajo, reserva su identidad. Recuerda las condiciones precarias en las que él y sus compañeros trabajan. Cada ‘profe’ está a cargo de un grupo de 30 a 45 alumnos, desde grado 0 hasta 5to de primaria. Todos, sin importar el curso, estudian en el mismo salón. Además, ni a la Gobernación ni al operador les importa que la jornada escolar inicie después de enero. Tarde o temprano, con jornadas más extensas u omitiendo los pagos, el intermediario “recupera” el tiempo escolar. Según sus cálculos, a cada profesor le deben entre $1’500.000 y $2’000.000.

El salario es otro dolor de cabeza. De acuerdo al profesor, los salarios varían entre $1’100.000 y $1’200.000, un pago inferior a los docentes que pertenecen al Sistema General de Participación y que pueden ganar hasta un millón más.

Los profesores pertenecen a 14 instituciones educativas, que a su vez tiene 156 sedes educativas ubicadas, en su mayoría, zonas rurales. Los docentes atendieron a unos 8.700 niños, niñas y jóvenes del sur de Córdoba.

Como resultado del Acuerdo de Paz, los cinco municipios de la región hacen parte de proyectos para territorios víctimas del conflicto: el Programa de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA), el Programa de Seguridad Integral para las Comunidades y sus Organizaciones y los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Sin embargo, la realidad dista de lo propuesto. Una de las prioridades era fortalecer la oferta docente, pero aún rigen los contratos por tercerización y no hay garantías para el gremio. “La implementación del Acuerdo se ha dado de forma fragmentada en la región”, cuenta Victoria Sandino, senadora del Partido Farc, que ha acompañado a la comunidad.

Hace unas semanas, la senadora conoció la problemática y emitió un comunicado dirigido a los medios locales. Al parecer, la agenda mediática y las noticias referentes al coronavirus eclipsaron la noticia. No obstante, sus esfuerzos no pararon ahí. Junto a su equipo de trabajo, envió derechos de petición a la Gobernación de Córdoba, al Ministerio de Educación, al operador y a la Contraloría General de la República (CGR) con el fin de obtener respuestas sobre la tercerización. Hasta hoy solo las han recibido de los dos últimos. Más que soluciones, parece un juego de ida y vuelta en el que una entidad responsabiliza a la otra.

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